Cuentas claras

CP PCCA LUDIVINA LEIJA RODRÍGUEZ

De acuerdo a Ugalde (2002) el elemento central de las democracias representativas contemporáneas lo constituye la rendición de cuentas, entendida como la obligación de todos los servidores públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público; mediante la cual se controla el abuso del poder y se garantiza la transparencia, la honestidad, la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos. Así, en México la revisión de la cuenta pública compete a la Cámara de Diputados según el artículo 74 de nuestra constitución política mexicana, para evaluar la gestión financiera y el cumplimiento de los programas establecidos, principalmente. Dicha función es realizada a través de la Auditoría Superior de la Federación y de sus homónimas en las entidades federativas, en atención al pacto federal. En nuestro Estado de Coahuila, la Auditoría Superior –con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión- tiene a su cargo la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas y de los informes de avance de gestión financiera. Pero y ¿qué se entiende por cuenta pública e informes de avance de gestión financiera? El primero es el informe que las entidades rinden al Congreso sobre su gestión financiera, es decir sobre las acciones para la administración y ejercicio de los recursos públicos, así como la ejecución de planes y programas; mientras que los segundos son los informes trimestrales que de la misma manera rinden las entidades al Congreso, pero sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, a fin de que la Auditoría Superior fiscalice los ingresos y egresos, así como el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en dichos planes y programas. Asimismo, a través la revisión que se lleve a cabo se verificará que los recursos públicos se administren y ejerzan atendiendo a principios como la legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. No obstante, para garantizar las premisas mencionadas en un inicio, se exige para la Auditoría Superior contar con áreas de transparencia y acceso a la información pública, así como dar cumplimiento a las disposiciones en dicha materia contenidas en su Ley base, así como en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo anterior, con el objetivo de abonar a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción que instrumenta una serie de principios básicos a observar, nuevas instituciones para el combate a la corrupción, así como innovaciones reglamentarias que permitan el avance en este tema, como la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Por ello, es necesario como profesionistas del sector público o del sector privado que presta sus servicios al primero, conocer a fondo estas nuevas disposiciones mediante la capacitación, la participación en foros y conferencias, así como el desarrollo de habilidades para hacer frente a estas nuevas exigencias, para contribuir a la rendición de cuentas, la transparencia, la disciplina financiera y así contar con cuentas claras.

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Presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, A.C.

 

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